El Consistorio vallesequense ha dado a conocer la llegada de cartas a los domicilios, para el procedimiento de regularización catastral que ha realizado el Ministerio de Economía y Hacienda. Con la misma se informa a los contribuyentes, de una propuesta de resolución con acuerdo de alteración, que en definitiva lo que trata es de dar de alta las alteraciones en inmuebles urbanos y rústicos, que estaban en situación irregular o incorrectamente declarados en la base de datos de dicho Ministerio.

El Ministerio de Economía y Hacienda está realizando una regularización catastral de todo el estado. El último semestre del pasado año el Ministerio realizó la el municipio de Valleseco. Con ella se proponen las alteraciones para regularizar todos los bienes inmuebles que no aparecen o que están inscritos de forma incorrecta o incompleta en el catastro, de manera una vez sea contrastada con los propietarios esa regularización, se pueda proceder a la modificación tributaria de estos inmuebles para el año próximo, adecuando esta tributación a la realidad de los inmuebles. De esta manera el Ministerio dará a conocer los padrones catastrales de los inmuebles regularizados con su valor correspondiente a efectos de tributación.

La llegada de cartas de revisión catastral en la que se le comunica al destinatario la necesidad de regularizar su situación catastral, implica una multa de 60€ por inmueble al que se le regulariza el IBI, además de la carga retroactiva fiscal, con la diferencia entre lo que pagaba y lo que ha de pagar, de los cuatro ejercicios anteriores, estando lo demás prescrito.

El Ayuntamiento de Valleseco ha señalado que todos aquellos vecinos/as que lo necesiten pueden acudir a la oficina del catastro, situada en el Ayuntamiento, para revisar sus expedientes. En horario de mañana desde las 9:00 a 14:00.

Las personas que reciban esta carta, si no están de acuerdo con las mediciones que se han efectuado por los técnicos del Ministerio, podrán realizar las correspondientes alegaciones en un plazo de 15 días, o posteriormente una reclamación económico administrativa si el desacuerdo persiste.